No hay mala fe al aplicar el IRPH según la Fiscalía del Tribunal Supremo
"no es mala fe y se adapta a la metodología usual para resolver un recurso de casación" según la Fiscalía del Tribunal Supremo al elaborar un informe sobre la querella presentada por Arriaga Asociados contra 4 magistrados del alto tribunal.
"No es mala fe" según la Fiscalía
"no es mala fe y se adapta a la metodología usual para resolver un recurso de casación" es lo que señala la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo considera que aunque la cláusula IRPH no es transparente, esta no es abusiva
Así pues, lo que estima la Fiscalía del Tribunal Supremo en un escrito que la carencia de información esencial vivida por los consumidores cuando el banco les aplico el IRPH <como índice vinculado a la hipoteca, “no es mala fe y se adapta a la metodología usual para resolver un recurso de casación”.
Esta consideración por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo <viene a raíz de la querella que fue presentada por el bufete de abogados Arriaga Asociados contra cuatro magistrados del alto tribunal por prevaricación y coacciones, al no haber aplicado según indicó el despacho, la jurisprudencia europea sobre el IRPH en las sentencias que fueron dictadas por la máxima instancia jurídica el 27 de enero.
Esta es nueva dificultad que encuentran los afectados con hipotecas IRPH<, que han visto como siempre su hipoteca se ha situado de forma considerable por encima del Euríbor, que es el índice hipotecario a la que están referenciadas la inmensa mayoría de las hipotecas variables en España.
El despacho Arriaga Asociados establece que el alto tribunal español interpreta de forma equivocada la doctrina europea sobre el IRPH, mientras que Tribunal Supremo considera que aunque no es transparente la cláusula IRPH, esta no es abusiva.
Arriaga Asociados contesta que la Fiscalía “omite deliberadamente, como lo hiciera la Sala Primera en sus polémicas Sentencias, el párrafo del TJUE que obligaba al banco a dar información suficiente al consumidor sobre el IRPH para asegurar la comprensión de las consecuencias económicas que para él tendría lo que iba a firmar”
Hasta 44.000 millones en devoluciones dependen del fallo, que marcará el criterio para los juzgados y la banca
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José Rosado del MoralJosé Rosado
06 nov. 2025 - 04:30
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Un mes después de la deliberación del Tribunal Supremo sobre la legalidad del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), la decisión sigue sin hacerse pública. Mientras los juzgados de primera instancia han dictado fallos favorables a los consumidores a la luz de la doctrina europea, la incertidumbre entre los afectados es total. La resolución puede inclinarse en direcciones muy distintas y los expertos aconsejan anticiparse ante una eventual oleada de reclamaciones.
El punto de inflexión llegó el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció que el carácter oficial del IRPH no basta para considerar válida la cláusula si no se explicó correctamente su funcionamiento. La corte señaló que el consumidor debía haber recibido información clara sobre cómo se calculaba el índice, cómo había evolucionado y en qué se diferenciaba del euríbor. Si esa transparencia no existió, la cláusula puede ser abusiva.
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La diferencia entre ambos índices se hizo evidente tras la bajada de tipos del Banco Central Europeo en 2013, cuando el euríbor se situó en torno al 0,5 % mientras el IRPH se mantuvo por encima del 3 %. Muchos hipotecados empezaron entonces a reclamar al entender que no habían sido correctamente informados. A partir de esta sentencia, distintos juzgados comenzaron a dar la razón a los afectados en aquellos casos donde no constaba información comparativa suficiente.
Ahora, el potencial impacto de la decisión es considerable. Los despachos especializados estiman que entre 500.000 y un millón de hipotecas podrían verse afectadas, con devoluciones que podrían alcanzar los 44.000 millones de euros en total. Si el fallo se inclina a favor de los afectados, los reembolsos derivados del caso de las cláusulas suelo quedarían en una mera anécdota en comparación con este asunto.
El desenlace del caso dependerá de cómo interprete el Supremo el estándar de transparencia fijado por el TJUE. Según Ángel Sánchez, socio y abogado de Asoban Abogados, «el Tribunal Supremo se enfrenta a una de las decisiones más trascendentales de la última década: determinar el futuro del IRPH». A su juicio, lo que está en juego «no es solo la validez de cientos de miles de cláusulas hipotecarias, sino la coherencia del sistema jurídico español con el derecho de la Unión Europea y la protección de los consumidores».
Si el Alto Tribunal adopta plenamente la doctrina europea, podría abrirse un escenario favorable a los afectados, en el que la falta de información suficiente sobre la evolución del índice y su comparación con el euríbor permitiría declarar la nulidad de la cláusula. En ese caso, las hipotecas pasarían previsiblemente a referenciarse al euríbor más el diferencial pactado y las entidades tendrían que devolver las cantidades abonadas de más.
E Supremo podría exigir que el consumidor acreditara con más precisión la información que recibió en el momento de la contratación
Otra posibilidad sería una vía intermedia. En ese supuesto, la nulidad no quedaría descartada, pero el Supremo podría exigir que el consumidor acreditara con más precisión la información que recibió en el momento de la contratación. «Esta opción mantendría vivas las reclamaciones, pero haría más compleja su defensa, exigiendo una labor probatoria más intensa por parte del consumidor», explica Sánchez.
También existe un escenario más conservador, en el que el Supremo mantenga una interpretación restrictiva y limite la nulidad a los casos en los que la opacidad sea especialmente evidente. Eso reduciría el alcance de las devoluciones y prolongaría un marco de litigación caso a caso. «La cuestión central es si el cliente tuvo información real para comprender el impacto económico de su elección», resume el abogado.
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José Rosado
Revisión de la documentación
A la espera de la resolución del Supremo, los expertos recomiendan no paralizar los pasos previos. La revisión de la documentación del préstamo –incluidas las ofertas previas y posibles novaciones– permite determinar con claridad qué información se facilitó en el momento de la contratación y si existieron comparaciones entre el IRPH y el euríbor. Esta revisión es relevante porque, en un escenario en el que el Alto Tribunal exija acreditar la falta de transparencia caso a caso, disponer de esa base documental agilizaría cualquier proceso posterior.
En paralelo, algunas entidades están ofreciendo acuerdos privados o modificaciones contractuales. Los juristas consultados advierten de que aceptar una novación sin asesoramiento podría implicar la renuncia tácita o explícita a futuras reclamaciones, lo que condicionaría la posición del consumidor si el fallo del Supremo resultara favorable.
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En este contexto, los despachos recomiendan plantear ya una reclamación extrajudicial, no para forzar una solución inmediata, sino para fijar una fecha, ordenar la documentación y preparar la estrategia probatoria de cara al escenario que resulte finalmente. Sánchez recuerda que «esperar no significa quedarse quieto», por lo que reclamar ahora «permite preparar la estrategia probatoria y situarse en mejores condiciones para cualquiera de los escenarios».
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