Pedro Sánchez consigue el objetivo en Bruselas de poner freno a los precios de la energía
Pedro Sanchez, y su homólogo en Portugal, Antonio Costa consiguen el objetivo en la Unión Europea con el que podrán frenar los precios de la energía
Gracias a la consideración de isla energética a la península Ibérica podrán haber caídas de precios en la factura de la luz
España y Portugal podrán poner límites al precio del gas que se usa para producir electricidad
España tuvo que trabajar durísimamente ayer en Bruselas, a través de su presidente Pedro Sánchez, junto a Portugal, con su primer ministro, Antonio Costa, con el fin de poder bajar los precios de la luz.
La Unión Europea ha abierto la puerta para que ambos países que constituyen la península Ibérica, puedan tomar medidas para ponerle freno a la crisis desatada con la feroz subida de la energía. También es verdad, que las decisiones tendrán que ser revisadas por la Comisión y esta deberá aprobarlas.
Portugal y España consiguen así que toda la Unión Europea reconozcan que ambos países constituyen la denomina isla energética o la excepción Ibérica, con lo que entonces se cambiará el borrador de las conclusiones establecidas por el Consejo de Gobierno, que dejará a que los dos países puedan establecer máximos de modo temporal al precio del gas que es usado para la generación de electricidad. Con ello, se logrará que baje la factura de la luz tanto de las empresas y de los consumidores. Esto es muy importante, ya que la feroz subida de los precios del gas y de la electricidad son la base o los suministros básicos imprescindibles para que todo funcione y por tanto sus subidas de precio llevan a una espiral continua de encarecimientos de todos los precios.
Ha sido un gran éxito, ya que hay que tener en cuenta que habían dos reglas que se consideraban inamovibles en el seno de la Unión Europea y estas eran que los precios de la energía se extraían del mercado libre y que Europa trabaja como un mercado común para todo. Esto constituía un duro condicionante para países como España y Portugal, ya que al ser prácticamente una isla energética tienen pocas interconexiones y ello le perjudica, frente al resto de los países de la Unión.
La presidente la Comisión, Úrsula von der Leyen así lo explicaba: La península ibérica tiene una situación muy específica...tienen un alto porcentaje de renovables, y eso está muy bien, pero muy pocas interconexiones. Por eso estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial.
Las decisiones tomadas ayer en la Bruselas y la consideración de la excepción ibérica, van a marcar mucho la economía del país y de los consumidores en los próximos meses. España y Portugal pueden intervenir para regular el precio de la energía, pueden ponerle topes al precio de esta, disminuir lo que los consumidores y empresas pagan en su factura de la luz, después de que lleve marcando durante meses, brutales y vertiginosas subidas.
Así lo explicaba Pedro Sánchez: "... vamos a poder lograr establecer un precio de referencia al gas, con el cual se produce la electricidad, y esto va a significar una caída en los precios sin duda alguna."
Uno de ellos era mandar a este enlace: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_es el siguiente texto:
Me dirijo a Uds. como ciudadano de un país miembro de la U.E. con el ruego de que me informen como controlan el T.J.U.E. y los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las normas, directrices y sentencias que emanan de su Órgano jurisdiccional por parte de los diferentes Estados y, en particular España y el Tribunal Supremo español.
Les remito la presente solicitud ante la postura adoptada por el Tribunal Supremo en España tras la doctrina dictada por el TJUE en el Asunto C-125/18 que versa sobre la abusividad y, en su efecto, nulidad radical de las cláusulas incluidas en los Contratos de Préstamos Hipotecarios suscritos entre entidades financieras de España y sus ciudadanos, que vinculan la revisión de las cuotas a abonar por los usuarios tomando como índice de referencia el "IRPH". Dicha postura se ha puesto de manifiesto en 4 sentencias dictadas recientemente por el Tribunal Supremo español ("Sentencias 595, 596, 597 y 598/2020", de 12 de noviembre) que, vulnerando la doctrina emanada por el TJUE, no declaran el carácter abusivo de dichas cláusulas, realizando una interpretación forzada y perjudicial para los consumidores (y en manifiesto beneficio de las entidades financieras), y en dirección totalmente opuesta a la doctrina emanada de la mencionada sentencia dictada en el asunto C 125/18.
Sobre esta premisa, quien comparece SOLICITA ser informado acerca de :
1⁰-¿Cómo controla el TJUE la correcta aplicación de dicha resolución por los Estados Miembros? En nuestro caso España y la jurisdicción española. En este caso particular, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Español.
2º- En caso de no respetarse las resoluciones dictaminadas, ¿Qué tipo de acción se piensan adoptar por parte de la UE o qué consecuencias puede tener no respetar las consignas aclaradas en dicha sentencia?
3⁰- ¿Existe algún órgano interno Europeo de control que actúe de oficio para la defensa de los intereses de los consumidores, y para la defensa y correcta aplicación de estas sentencias tras su dictamen?
Quiero manifestar mi malestar como consumidor, ciudadano y perjudicado de la incorrecta aplicación del derecho comunitario realizada sobre estas sentencias del Tribunal Supremo Español, y rogaría se pusieran en acción los mecanismos pertinentes de control existentes para corregir, sancionar, y encauzar las sentencias dentro del marco legal Europeo, ya que dentro de la legislación Española no disponemos de GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TJUE NI DE LA NORMATIVA 93/13 CE
Como ciudadano rogaría que, en caso de que consideren pertinentes la puesta en acción de estos mecanismos, muy por favor se haga por la vía de urgencia. Hay más de un millón de familias españolas que se han visto perjudicadas por este abuso bancario sentenciado en el asunto acumulado C-125/18. Destacar que una gran parte de estas familias son económicamente vulnerables, y compraron su vivienda de protección oficial (Vivienda protegida, VPO).